Se fortalecen acciones para garantizar que las mujeres accedan a la justicia

La Secretaría Distrital de la Mujer y la Personería de Bogotá trabajan de manera conjunta para garantizar que las mujeres víctimas de violencias tengan un acceso real, efectivo y sin obstáculos a la justicia. Esta articulación, formalizada en un acuerdo de voluntades firmado en julio de 2024, reconoce una realidad: muchas mujeres, al denunciar, enfrentan barreras institucionales que retrasan o frenan sus procesos.

Con este acuerdo, ambas entidades han puesto en marcha un mecanismo de trabajo de puertas abiertas que combina la revisión de casos en mesas técnicas y la socialización del acuerdo en instancias locales, con el fin de dar respuestas más claras y oportunas.

En lo corrido del 2025 se han realizado dos mesas técnicas con la Personería Distrital y la Procuraduría General de la Nación, en las que se revisaron 55 casos. Gracias a este ejercicio se superaron barreras en 17 de ellos y se avanzó en 38 más con gestiones como la asignación de agencias especiales y el fortalecimiento de canales de comunicación con las Comisarías de Familia.

Además, se han llevado a cabo jornadas de socialización en instancias como los Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género (COLMYEG) y los Consejos Locales de Seguridad para Mujeres en localidades como Santa Fe, Fontibón y La Candelaria, y se tiene previsto llegar en los próximos meses a Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.

Estas actividades se apoyan con materiales pedagógicos que permiten a las mujeres y ciudadanía identificar a dónde acudir en casos de riesgo o emergencia, cómo funcionan las rutas de atención para víctimas de violencias y qué entidades intervienen en cada situación.

Este acuerdo no solo representa un compromiso institucional, sino también una señal clara para las mujeres de Bogotá: no están solas. Con cada mesa de trabajo y cada jornada en los territorios se construyen respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas, que buscan derribar obstáculos en el acceso a la justicia y garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencias.