En Bogotá, el 88,2% de las personas que realizan actividades sexuales pagadas son mujeres

Bogotá es la única ciudad del país con una política pública para quienes realizan actividades sexuales pagadas, que ya alcanza un 70,35% de avance.

Con un avance acumulado del 70,35% y un 85% de productos en cumplimiento alto, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas sigue posicionando a Bogotá como referente nacional en la garantía de derechos humanos de las mujeres ASP. Su implementación ha articulado a 14 sectores distritales en 73 acciones concretas orientadas al reconocimiento, la atención integral y la participación de quienes realizan estas actividades.

En la quinta asamblea de seguimiento y balance, que reúne a entidades distritales, organizaciones sociales, academia y personas que ejercen actividades sexuales pagadas, se reafirma el compromiso de Bogotá con la igualdad y la no discriminación. Según la caracterización más reciente, el 88,2% son mujeres, el 10,4% hombres y el 0,34% personas intersexuales. El 42% ha sufrido algún tipo de violencia, proporción que asciende al 53,8% entre mujeres lesbianas y bisexuales, frente al 37,8% de las heterosexuales. Las personas trans y no binarias enfrentan un 69,3% de riesgo de violencia, frente al 40,5% de las cisgéneros, lo que revela las desigualdades estructurales y violencias de género que esta política busca transformar.

A corte de junio de 2025, la política reporta 20.521 servicios jurídicos, 29.581 intervenciones sociales y 13.339 atenciones psicosociales de la Secretaría Distrital de la Mujer; 38.437 atenciones en salud integral y 14.982 tamizajes y asesorías del sector Salud; y 155 emprendimientos productivos fortalecidos por el sector Desarrollo Económico. Además, 358 personas trans fueron acompañadas en procesos de cambio de nombre y sexo en su cédula, y se realizaron 147 actividades culturales y recreativas en zonas de alta concentración, fortaleciendo entornos protectores y libres de estigma.

Bogotá es la única ciudad del país que cuenta con una política pública específica para garantizar los derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas. Esta política reconoce su aporte a la vida económica y social de la ciudad, y trabaja por desmontar estigmas, reducir desigualdades y promover entornos seguros y libres de violencias.

“En estos cinco años hemos consolidado una apuesta conjunta como ciudad, poniendo en el centro la garantía de los derechos humanos de las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. El reto sigue siendo transformar los estereotipos y las barreras que aún limitan sus oportunidades y su pleno ejercicio de ciudadanía”, afirmó Ivonne Rico Vargas, subsecretaria de Derechos y Diseño de Política de la Secretaría Distrital de la Mujer.