Bogotá avanza en la política de actividades sexuales pagadas, que alcanza un 74,30 % de implementación

La Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas de Bogotá alcanzó un avance acumulado del 74,30 % al 30 de junio de 2026. Liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer, esta política articula servicios y acciones para transformar las condiciones que limitan el ejercicio de los derechos de quienes realizan esta actividad y reducir la discriminación que enfrentan.

El balance corresponde a la implementación de un plan de acción con 72 productos, de los cuales 63 están en ejecución y 9 han terminado. Su desarrollo compromete a 14 sectores de la Administración Distrital y comprende desde el acceso a salud y educación hasta el fortalecimiento de organizaciones y la participación en las decisiones públicas.

En el primer semestre de 2026, Casa de Todas reportó 1.697 servicios de atención jurídica, 2.167 de intervención social y 1.164 de atención psicosocial. Estos servicios forman parte del acompañamiento de la Secretaría a las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas y permiten abordar distintas necesidades relacionadas con sus derechos y bienestar.

La educación y las oportunidades laborales también hacen parte de este trabajo. Durante el mismo periodo, 26 mujeres recibieron patrocinio para presentar las pruebas de Estado. Por su parte, el sector de Desarrollo Económico vinculó a 88 personas a la Ruta de Empleo.

En salud, el balance registra 7.511 personas atendidas durante el primer semestre en salud mental, enfermedades crónicas y salud sexual y reproductiva. Otras acciones de asesoría, tamizajes y canalización efectiva, desarrolladas mediante actores institucionales y comunitarios, registraron 1.461 personas. En 2026 también se desarrolló un estudio sobre la situación de salud integral de esta población.

Ampliar el acceso a estos servicios requiere enfrentar la discriminación. El Índice de Discriminación de las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá, elaborado este año por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), encontró que el 93,3 % de las personas encuestadas enfrenta a diario alguna forma de discriminación.

El estudio también evidencia diferencias según la identidad de género. Una de cada cuatro personas trans vive discriminación alta o muy alta, frente a 4 de cada 100 mujeres cisgénero. Además, el 42,5 % de las personas trans encuestadas reporta violencia directa de la fuerza pública, frente al 8,4 % de las mujeres cisgénero. Estos hallazgos muestran la importancia de fortalecer las respuestas institucionales y abordar el estigma que dificulta el ejercicio de sus derechos.

En esa línea, con corte a septiembre de 2026, la Secretaría realizó 19 jornadas de fortalecimiento con 820 participantes de la Policía Metropolitana de Bogotá. El trabajo incluyó personal de vigilancia de las estaciones de Suba, Kennedy, Usme, Chapinero, Los Mártires, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Durante esta vigencia también socializó la política con 294 funcionarias, funcionarios y contratistas de entidades distritales y locales, y con 190 personas que realizan actividades sexuales pagadas.

La participación de esta población se desarrolla, además, mediante procesos de fortalecimiento de organizaciones acompañados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), iniciativas creativas promovidas por becas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y experiencias como el grupo de teatro de Casa de Todas.

Estos avances y experiencias serán presentados el 27 de octubre en la Sexta Asamblea Anual de la política, en el Planetario de Bogotá. El encuentro permitirá recoger recomendaciones de las personas que realizan actividades sexuales pagadas y de sus organizaciones, junto con la presentación de la obra “Las que no fueron silencio”, construida por mujeres de esta población con el acompañamiento de Casa de Todas.

El seguimiento también incluye una evaluación intermedia institucional, actualmente en desarrollo por el OMEG, para examinar la coordinación entre entidades y su capacidad de respuesta. Para 2027, la Secretaría prevé ampliar la participación de esta población en el seguimiento de la política, fortalecer la oferta institucional y continuar el trabajo para reducir las barreras de discriminación en el acceso a los servicios.