mujeres en escenario
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La Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá avanza superando proyecciones

30 Oct 2024

La cuarta asamblea de seguimiento y balance discutió los avances de la política pública que transforma las condiciones de vida de quienes ejercen actividades sexuales pagadas.

La Secretaría Distrital de la Mujer presentó el balance de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) con la participación de representantes de la administración distrital, organizaciones sociales, ONG, entidades privadas y personas que ejercen actividades sexuales pagadas en Bogotá. El evento destacó un importante avance: hasta junio de 2024, el cumplimiento acumulado de la política alcanzó el 66,57%, superando la meta establecida de 65,98%.

Este logro refleja un nivel de cumplimiento excepcional, con el 88% de los productos ya implementados exitosamente, lo que se traduce en 64 de los objetivos planteados. En el ámbito de la salud, más de 25,000 personas que realizan actividades sexuales pagadas han recibido atención en temas de salud mental, enfermedades crónicas y salud sexual y reproductiva. También, se han impulsado 143 emprendimientos y vinculado a 265 personas en rutas de empleo en el Distrito. Además, se destacaron iniciativas de control y protección, como los 104 operativos de vigilancia sobre trata de personas y explotación de menores en establecimientos de alto impacto, junto con más de 500 visitas a estos lugares en el último año.

La PPASP, vigente desde 2020, fue creada como respuesta a la Sentencia T-594 de 2016 de la Corte Constitucional, que ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá garantizar los derechos de la población tras el incidente en la plazoleta de La Mariposa en 2016. Con el objetivo de transformar las condiciones políticas, culturales, sociales y económicas que históricamente han limitado los derechos de quienes realizan actividades sexuales pagadas, la política articula 73 productos específicos y moviliza a 14 sectores de la administración distrital para el beneficio de esta población.

La política también enfrenta retos urgentes, como la violencia y la discriminación. Según datos de la Secretaría de la Mujer, el 42% de las personas en actividades sexuales pagadas ha sufrido algún tipo de violencia, con un riesgo mayor para personas LGBTI+. Durante el espacio, se enfatizó la necesidad de eliminar estereotipos y prácticas estigmatizantes, así como de fortalecer la protección de derechos para esta población.

Con el compromiso de seguir trabajando en la garantía de los derechos de la población que realiza actividades sexuales pagadas, la directora de Derecho y Diseño de Políticas de la Secretaría Distrital de la Mujer, Ivonne Rico Vargas, afirmó, “contar con una brecha positiva del 0,6% en la ejecución de la política refleja el compromiso genuino de la administración por transformar las condiciones que han limitado históricamente los derechos de quienes realizan actividades sexuales pagadas. Como Secretaría Distrital de la Mujer, estamos dedicadas a garantizar los derechos de las mujeres que realizan esta actividad a través de nuestros servicios y programas”.

 

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